CONSTITUCIONALIDAD E INFRAESTRUCTURA.

El tribunal constitucional plurinacional, es la encargada de resguardar el estado de derecho, de tutelar y proteger los derechos reconocidos en la constitución. Es la institución más importante de todo el sistema de justicia y no tiene edificio propio.

Esta infraestructura fue construida hace décadas para albergar otro tipo de función administrativa judicial, con diferentes necesidades y diferentes demandas.

Eso quiere decir que esta infraestructura ya nació con deficiencia para atender las necesidades laborales de los funcionarios que son los encargados de precautelar y proteger los derechos de todos los bolivianos.

Hablamos de problemas básicos de infraestructura, de oficinas que funcionan en espacios que antes cumplían la función de morgue, oficinas en sótano, problemas en seguridad, no existen rutas de evacuación, circulaciones diferenciadas y hacinamiento.

El espacio debe crearse o mutar, no solamente designar una función nueva al azar, al contrario, generar espacios adecuados a la eficiencia y calidez de la actividad, porque de lo contrario se le distorsionan las actividades, imposibilita a los funcionarios y se fragmenta el mismo edificio

Reconocida la existencia de esta función pública estatal y reconocida la deficiencia de la infraestructura que la alberga, se evidencia que, la innovación, funcionalidad, prevención, seguridad y agilidad, no son aspectos representativos de ésta, por lo tanto, en la administración y produccion de la Justicia en Bolivia.

La falta de intención, por parte de un estado deshumanizado, para la dotación e innovación de la infraestructura pública de justicia, es el reflejo del tipo de justicia burocratizada que quieren conservar, sesgada, precaria, controlada y para muy pocos.

¿Acaso el acceso a la justicia no está ligado íntimamente con el espacio destinado a la articulación entre los que la administran con el colectivo humano que reclama por ella?

¿Necesitamos replantear estos modelos para la optimización de justicia en Bolivia?

Necesitamos entender que no se habla de expedientes, si no vidas. En este entendimiento, las consideraciones anteriores nos permiten imaginar la infraestructura de administración de Justicia desde otra perspectiva, con claridad de circulaciones, flexibilidad de espacios, informatización, agilidad y la eficacia.

Se debería establecer diversos programas de necesidades, con criterios básicos de circulaciones independientes, accesos controlados, zonas privadas y áreas de servicios auxiliares, con bibliotecas y espacios libres comunes, que contemplen flexibilidad y adaptabilidad, un conjunto de espacios para administrar justicia, en un verdadero estado de Derecho, libre, independiente, soberano y democrático.

Por tanto, cuando hablamos de infraestructura pública de justicia, estamos hablando directamente de la forma en como construimos sociedad, la importancia que le demos a esta, se verá reflejada en los procesos de desigualdad, de impunidad, y retardación de justicia.